Expertos de la Comisión Europea y el sector tecnológico han indicado la necesidad de que los países de la Unión apliquen rigurosamente los principios de neutralidad y no discriminación contenidos en las directivas europeas sobre contratación pública a la hora de adquirir Tecnologías de la Información para evitar la distorsión de la libre competencia y del mercado del software.
Estas son algunas de las conclusiones del simposio “Contratación pública de Tecnología de la Información: perspectivas en la UE y en el mundo”, organizado por Iniciativa para la Elección del Software (ISC), según informa la propia entidad.
“Los principios de neutralidad y no discriminación son la base de cualquier decisión sobre contratación pública y el marco legal español obliga a las autoridades a tener en cuenta factores como la transparencia, la eficiencia, la seguridad, la interoperabilidad y la preservación de la información”, asevera Miguel A. Amutio Gómez, jefe del área de planificación y explotación del Ministerio de Administraciones Públicas.
Asimismo, Hugo Lueders, director de ISC para Europa, comenta que cuando los funcionarios encargados de la contratación pública en Europa establecen preferencias directas o indirectas por un tipo de productos tecnológicos en detrimento de otro, el sector TI es el más perjudicado.
“Estas preferencias no sólo restringen la capacidad de la administración para elegir la solución que mejor se ajuste a sus necesidades, sino que también distorsionan el mercado, socavan la competencia e impiden la innovación, ya que algunos proveedores quedan excluidos arbitrariamente de importantes mercados públicos”, concluye Lueders.
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