Un nuevo marco para el almacenamiento de datos
Los países no podrán decir a las empresas dónde deben almacenar los datos o ubicar la sede de sus servicios si sale adelante la propuesta de EEUU en el TTIP.
Para los no versados en política internacional, el Transatlantic Trade and Investment Partnership (Asociación Transatlántica para el Comercio y la Inversión o TTIP) es un acuerdo entre Estados Unidos, la Unión Europea, Canadá, Australia y otros 21 países para promover la liberalización del comercio mundial. Un acuerdo que ha desatado filias y fobias y del que ahora conocemos nuevos datos sobre su repercusión en las comunicaciones electrónicas.
Según unos documentos revelados por Wikileaks y recogidos por TNW, el gobierno estadounidense propone dos medidas relevantes en lo tocante a la transmisión de datos. La primera, que “ninguna parte podrá impedir que un proveedor de servicios de otro país transfiera el acceso, procesamiento o almacenamiento de información, incluyendo información personal, dentro o fuera del territorio de la parte, cuando esa actividad se lleve a cabo en relación con la conducta del proveedor del servicio”.
La segunda insta a que “ninguna parte podrá exigir a un proveedor de servicios, como condición para el suministro de un servicio o la inversión en su territorio, utilizar las instalaciones de computación ubicadas en el territorio de esa parte”.
Traducido a lenguaje llano, de aprobarse estas medidas los países no podrían establecer normas sobre dónde deben almacenar los datos las empresas o dónde ubicar la sede de sus servicios.
¿Cómo afecta esto a los ciudadanos? En principio, podría ser positivo al dar a las empresas la libertad de elegir dónde se alojan sus servidores. Pero recordemos que la Unión Europea dispone de controles bastante estrictos de lo que las empresas pueden hacer con los datos de los ciudadanos. Si la propuesta de Estados Unidos sale adelante, dichas garantías pueden desaparecer.
Además, a raíz del escándalo de espionaje de la NSA, algunos países, entre ellos Alemania, están considerando medidas para requerir que los centros de datos de una empresa activa en el país se alojen dentro de sus fronteras, de cara a dificultar la transferencia de datos a otros países. Estas medidas ya no serían posibles por lo que, de facto, se legitimaría el espionaje electrónico internacional.