Nuevo paso en la cooperación internacional contra el spam

Entes reguladores de telecomunicaciones de 60 países, expertos y representantes de la industria celebran en Ginebra una reunión de tres días para estudiar la mejor manera de luchar globalmente contra el correo electrónico no solicitado, que alcanza proporciones de epidemia.

Esos mensajes, que llegan inesperadamente a las pantallas de ordenadores y teléfonos móviles y van desde la simple publicidad hasta la pornografía o los intentos de estafa, no conocen fronteras y, sin ningún tipo de control, alcanzarían el 85 por ciento del tráfico por Internet, señala Robert Horton, de la Australian Communication Commission, que presidirá la reunión.

Según Horton, el costo que genera toda esa basura electrónica a individuos y empresas se calcula en unos 10.000 millones de dólares anuales sólo en Europa y podría alcanzar en todo el mundo alrededor de los 25.000 millones de dólares.

“El objetivo de la reunión ginebrina, en la que participan también representantes de agencias de protección de datos y organizaciones de consumidores, es fomentar la cooperación internacional para estudiar en colaboración con las compañías del sector posibles respuestas a este fenómeno”, añade Horton.

Las medidas pueden ser legislativas, técnicas o de educación de los consumidores, precisan los organizadores, según los cuales es fundamental que la industria asuma su parte de responsabilidad y que los países estén también dispuestos a cooperar entre ellos.

Las legislaciones pueden variar de un país a otro: así, puede establecerse, como ocurre por ejemplo en Australia, que una compañía o un particular que quiera enviar mensajes no solicitados por Internet tenga que pedir previamente permiso al usuario.

Otra posibilidad es que sea el propio usuario quien tenga que comunicarle de modo expreso al remitente que no desea seguir recibiendo esos mensajes.

Esta última variante entraña no sólo mayores molestias y costos para el consumidor sino el riesgo adicional de que el emisor del mensaje decida vender los datos del usuario a terceros, contribuyendo de ese modo a fomentar los abusos.