Panasonic, investigada por presunto pago de sobornos
Su filial en EEUU Panasonic Avionics ha dado instrucciones de conservar documentos relevantes para la investigación de sobornos a funcionarios extranjeros.
Las autoridades de Estados Unidos han iniciado una investigación acerca del presunto pago de sobornos por parte de una filial de la multinacional japonesa Panasonic en sus negocios en el extranjero, de acuerdo con unos documentos de la compañía revelados por The Wall Street Journal.
El departamento legal de Panasonic Avionics (PAC), una filial especializada en sistemas de comunicaciones para aviones ubicada en California, ha remitido instrucciones a sus ejecutivos y empleados de que conserven los documentos que puedan ser relevantes para las investigaciones del Gobierno estadounidense.
Las misivas fueron enviadas los pasados 20 de enero y 25 de marzo a numerosos ejecutivos de Panasonic en Asia, Europa y Oriente Próximo. Ambas hacen referencia a la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA) de 1977, que prohíbe a las empresas estadounidenses, así como a las que cotizan en las Bolsas de EEUU, el pago de sobornos a funcionarios extranjeros.
El aviso del 20 de enero exigía conservar la documentación “concerniente a cualquier beneficio o regalo proporcionado, o el pago de cualquier cosa de valor por parte de Panasonic o PAC a cualquier empleado de alguna aerolínea o representantes gubernamentales”, así como aquellos documentos que recogieran “rumores, preocupaciones y/o quejas por cualquier presunto acto de soborno por parte de empleados de Panasonic o PAC”.
El 25 de marzo, Panasonic envió una segunda notificación en la que señalaba que había recibido una citación de los investigadores gubernamentales a principios de marzo, dirigida a las comunicaciones entre Panasonic Avionics y varios consultores e intermediarios y a la documentación relacionada con el pago a terceras partes.
Panasonic ha expresado su voluntad de “cooperar plenamente” con la investigación y ha recalcado que la existencia de dicha investigación no implica que la compañía haya vulnerado la ley.