Los conceptos de software libre y opinión pública parece que están más cerca de lo que uno se podía imaginar. Expertos de esta alternativa informática están dando cuerpo a la idea de crear un movimiento, no sabemos ya si tecnológico o humanístico, con el que enfrentarse al Estado.
Varios entendidos de ciertas empresas más que conocidas en el sector TI sostienen que multinacionales y gobiernos han constituido un frente común que atenta a los derechos fundamentales del ciudadano, basándose en un supuesto control acérrimo que día a día se incrementa. Polémica abierta en mantel, que se dice, y de difícil conclusión.
La aseveración se ha iniciado con el tan llevado y traído registro de datos al que todo vecino de a pie se ve obligado aunque sólo sea en términos burocráticos o administrativos. Pero la cuestión no es tan simple.
La firma de documentos civiles y no tan civiles podría convertirse, según estas fuentes, en un detrimento de la libertad de la que actualmente gozamos. Es decir, los controles digitales existentes podrían restringir la creación de programas informáticos y con ello, limitar el empleo de los ordenadores y el buen hacer, en su caso, del usuario. Es más, la identidad del consumidor quedaría complemente vulnerable a tenor de dichos entendidos.
Como en las mejores lecturas de ciencia ficción, los PCs más corrientes se encontrarían al mando de la firma en la que operamos con los consiguientes y suculentos beneficios empresariales.
Con todo, y sin querer incidir en si tamaña perspectiva proporciona el poder absoluto a quien nos da de comer, sí es cierto que deja un amplio espacio mental para detenerse a reflexionar y, de paso, determinar quién maneja los hilos corporativos y los más variados entretenimientos digitales: el Estado, nuestro jefe directo o la compañía rival? Peliaguda la respuesta ante un sinfín de posibilidades maquiavélicas.
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