Las pymes y los autónomos celebran la medida que les permitirá aplazar el pago del IVA hasta que cobren sus facturas. Pero todavía quedan algunos aspectos por mejorar. Varias asociaciones de autónomos y pymes reclaman que se amplíe por encima de los dos millones de euros el techo de facturación para poder acogerse a la medida, que entrará en vigor el 1 de enero el próximo año.
El presidente de Cepyme, Jesús Terciado, pide, en declaraciones a El Economista, que se eleve este umbral de dos a seis millones de euros, lo que implicaría que pudieran acogerse al llamado sistema de IVA de caja el 98% de las pymes, en lugar del 90% de la propuesta actual.
Autónomos y pymes también solicitan mecanismos para evitar algunos “efectos adversos” de la medida, en el caso de que las empresas o las Administraciones acaben perjudicando a los proveedores que se acojan al nuevo modelo al llevarles a una modalidad de pago que les resta liquidez.
Jesús Terciado denuncia que el Ministerio de Hacienda pone trabas para que las pymes se acojan al nuevo modelo. “Hay indicios de que habrá un mayor control fiscal con el IVA de caja, lo que puede hacer que algunas empresas se lo piensen”. Hay que recordar que el departamento de Cristóbal Montoro es el gran perjudicado de la medida, ya que vería aplazada parte de la recaudación por este impuesto.
La Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos (UPTA), por su parte, recuerda que la nueva norma se limita a los autónomos que cotizan por estimación directa, que apenas rondan el millón. Además de su escaso alcance en el colectivo de autónomos, la UPTA duda de los efectos reales de la medida, puesto que “la complejidad de la gestión que implica el cambio al IVA de caja frenará a muchos autónomos”.
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