Los usuarios de telefonía podrán rescindir el contrato con su operadora en cualquier momento, siempre que avise con 15 días de antelación, y exigir una indemnización si la compañía no ofrece los niveles de calidad comprometidos. Así lo detalla el nuevo reglamento aprobado este viernes por el Consejo de Ministros, en el que se incluye Internet como parte del servicio universal, de modo que la línea telefónica “deberá proporcionar una velocidad que permita acceder de forma funcional a la Red”.
Actualmente, las compañías suelen imponer contractualmente una serie de plazos para darse de baja del servicio que pueden oscilar en algunos casos desde seis meses a dos años. La vicepresidenta del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, explicó en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros que la nueva norma “refuerza la protección de los usuarios y aumenta la seguridad a la hora de utilizar este tipo de servicios” y aseguró que el reglamento incluye de manera explícita normas que garantizan los derechos de los ciudadanos de “manera eficaz frente a abusos o situaciones anómalas que se producen en muchas ocasiones”.
El Reglamento aprobado, que recoge una regulación detallada y pormenorizada en lo relativo a los derechos de los usuarios finales, establece la obligación para los operadores de disponer de un servicio especializado de atención al cliente. Además, los usuarios podrán dirigir sus reclamaciones relativas al acceso a Internet a la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones.
La normativa, que completa la transposición de las directivas comunitarias sobre comunicaciones electrónicas, desarrolla la Ley General de Telecomunicaciones en lo relativo a las condiciones que deben cumplir los operadores, la regulación del servicio universal (prestaciones que incluye, designación del prestador, coste y financiación), la protección de datos de carácter personal en la prestación de los servicios, la regulación de la interceptación legal de las comunicaciones, y los derechos de los usuarios.
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