El director general para el Desarrollo de la Sociedad de la Información, Rafael Sagrario, ha admitido que “la imaginación y la tecnología” pueden ir “mucho más deprisa” que la legislación o la Administración, en relación a la estafa en servicios de tarificación adicional por valor de 35 millones de euros detectado por la Guardia Civil y que ha afectado a 45.000 usuarios españoles.
Del mismo modo, y en cuanto al fraude y las medidas que la Administración puede desplegar para evitar situaciones similares, Sagrario ha señalado que existe una normativa pero que es necesaria la “mayor información posible” para que el ciudadano conozca los riesgos y no caiga en estas “trampas”.
“Hay una disposición, una norma, sobre este tema. La Administración está dispuesta a proteger los intereses de los consumidores, pero hasta el límite en que el ciudadano no caiga en ciertas trampas que le puedan poner, ofrecer”, puso de manifiesto Sagrario Durán en la clausura del primer Foro de Ciudades Digitales, que se celebró en Logroño.
El alto cargo del Ministerio de Industria también ha indicado que son necesarios dos pilares: legislación e información. La Administración debe “primero establecer las normas y también dar la mayor información posible”.
Con todo, Sagrario ha defendido el trabajo de la Administración porque “está actuando correctamente, aunque sí es cierto que la imaginación y la tecnología van mucho más deprisa de lo que puede ser la legislación. Habrá que ir adaptando la normativa”.
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