El abanico que integra el complejo mundo de las telecomunicaciones va a experimentar un giro radical, o por lo menos éste es el objetivo, antes de la próxima Navidad. La normativa que regula el tejido de las comunicaciones electrónicas y las obligaciones del servicio universal estará aprobada, según sostienen fuentes gubernamentales, antes de que termine el año bajo las directrices de la inversión.
Teóricamente todo apunta hacia un horizonte en el que las redes alternativas verán abastecidos sus propios caldos de cultivo. Así pues, el panorama no podía ser mejor en cuanto a liberación y apertura del sector, aunque la definición de “marco predecible y neutral”, como reafirman las citadas fuentes, necesitará más de un voto de confianza ante la incertidumbre reinante.
Sin embargo, la intención es buena. Las numerosas formas de reglamentación que se han definido, relacionadas tanto con las condiciones a las que se obliga a las operadoras como con el establecimiento de los derechos de los usuarios en cuanto a infraestructuras de comunicación incluyendo asimismo la contemplación de los grupos más desfavorecidos- hacen pensar con optimismo en otras dimensiones hasta la fecha más bien desconocidas.
Y si estos comienzos legislativos saben a poco, habría que subrayar el papel que la calidad de los servicios de telecomunicaciones va a representar, situada en el punto de mira del Gobierno en esta nueva escena del juego, en un intento por extender su alcance a otros servicios: léase telefonía móvil e Internet con protección de datos incorporada.
A ver si resultan ciertas las predicciones del Ejecutivo y antes de las vacaciones navideñas nos encontramos con ciertas sorpresas, de agrado para todos, y se cumplen los sueños de muchos.
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