Durante su intervención en unas jornadas organizadas por el grupo Recoletos, Aguilera expresó la preocupación del sector por el hecho de que el “mundo feliz y de desarrollo” que se dibuja en el futuro de la telefonía móvil “tiene unos nubarrones importantes”.
Según Aguilera, el Gobierno “está volcado” en resolver el problema y aporta una ayuda “esencial”. No obstante, las operadoras de móvil necesitan “más ayuda” en este asunto, especialmente porque el tiempo es “un factor absolutamente clave”.
Aguilera insistió en la necesidad de crear una agencia u órgano de referencia con una base científica, al estilo de la Agencia de Seguridad Alimentaria, que despejara cualquier tipo de duda de los ciudadanos o los medios de comunicación sobre los riegos vinculados a las antenas.
Por su parte, el consejero delegado de Vodafone España explicó al término de su intervención que la Administración central está “fuertemente concienciada e involucrada” en la resolución de este problema, que, no obstante, tiene “difícil solución”.
Las dificultades en este ámbito se derivan principalmente de la “fragmentación administrativa” existente, lo que implica que “es muy fácil impedir el despliegue y muy difícil conseguir acelerarlo”, en palabras de Román.
A su juicio, la resolución del problema pasa por combatir y gestionar “con más inteligencia” la alarma social sobre los efectos nocivos de las antenas en la salud, que está generada “por ignorancia”.
La Comisión Sectorial para el Despliegue de Infraestructuras de Radiocomunicación, órgano creado recientemente por el Gobierno que integra a las distintas administraciones y las operadoras, ya propuesto en marcha varias medidas para paliar este problema, entre ellas un nuevo procedimiento administrativo para la instalación de antenas, que reducirá el plazo de 18 a 6 meses y medio.
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