Pese a que las administraciones empiezan a comprender las ventajas del transporte colaborativo, aún hay gobiernos nacionales y locales que no ven el ridesharing con buenos ojos. En esos casos, las startups dedicadas al negocio pueden intentar negociar o buscar fórmulas de colaboración, pero si los entes públicos no razonan ni abren la mano, lo mejor a veces es hacer las maletas y marcharse.
Es lo que ha hecho Uber en Hungría. La empresa ha anunciado el cese de sus operaciones en el país a causa de la nueva y restrictiva legislación que hace imposible su funcionamiento. “Desafortunadamente, la lógica de los desarrollos legislativos que se ha desplegado en Hungría nos ha llevado a esta difícil decisión”, ha explicado el manager general de Uber en Europa, Rob Khazzam, en una entrevista.
En menos de dos semanas la compañía de ridesharing dejará de prestar servicio. “Estaremos suspendiendo Uber X en Budapest y la fecha en la que se hará efectivo será el 24 de julio”, ha revelado el responsable. En la capital húngara la startup contaba con 1.200 conductores y unos 160.000 pasajeros.
En junio el Parlamento húngaro, con fuerte mayoría conservadora, aprobó una legislación con el objetivo de poner freno a las actividades de Uber y otros servicios tras meses de protestas del sector del taxi. Estos han exigido su cese de actividad, el bloqueo de la app para smartphones y hasta una suspensión de hasta 3 años para los conductores que han trabajado en el servicio. Este mes la nueva ley entrará en vigor en Hungría da a la autoridad nacional de comunicaciones húngara la potestad de bloquear Internet para aquellos proveedores de servicios ilegales.
Uber no ha emitido ningún comunicado oficial al respecto, pero la dirección de la startup en Europa Central ha comentado a Reuters que no tenían otra alternativa. No se trataría de una prohibición, sino más bien una “suspensión forzada”.
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